sábado, enero 28, 2023

La Plata: Redujeron la pena a una mujer por trafico de drogas por considerar que lo hacia bajo un contexto de violencia de genero y amenazas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata hizo lugar al dictamen del fiscal general Hernán Schapiro y declaró la inconstitucionalidad del mínimo de la pena previsto por el artículo 5to inciso c de la ley 23.737, de represión del narcotráfico, tras lo cual condenó a tres años de prisión en suspenso y al pago de una multa de 25 unidades fijas a una mujer acusada de transportar estupefacientes que, de acuerdo con las pruebas del proceso, actuó en el contexto de violencia de género al que la sometió el principal acusado.

El hombre condenado, actualmente detenido, recibió cuatro años y seis meses de prisión y la imposición de una multa de 45 unidades fijas. El tribunal unificó esta pena con una anterior en una única a 8 años de prisión.

En línea con lo propuesto por la fiscalía, en la sentencia se intimó al hombre condenado a “la realización de un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia, brindado por la entidad u organismo autorizado para ello, dentro de su unidad de alojamiento“.

Declaración de inconstitucionalidad

El fiscal solicitó en su dictamen la declaración de inconstitucionalidad del mínimo legal del artículo 5to inciso c de la ley 23.737, que prevé una pena de entre cuatro y quince años de prisión para el delito de transporte de estupefacientes. “El tope mínimo indicado por la norma excede, en el caso, la medida de culpabilidad, en franca violación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad, puesto que aplicarlo importaría una sanción de cumplimiento efectivo, que aparece irrazonable y desproporcionada al grado de reproche atribuible a la imputada en las particulares condiciones en las que se produjo el injusto, además de contraria a los fines resocializadores de la pena”, postuló el fiscal general y coincidió el tribunal.

La acusada tiene actualmente 47 años. Fue detenida el 30 de junio de 2020 cuando viajaba en un remís por la Ruta Nacional 7, en el paraje La Agraria, partido de Junín, mientras transportaba 116 gramos de cocaína desde un lugar del conurbano hasta la cárcel de Junín, donde iba a entregarla a su pareja, un hombre detenido en ese centro penitenciario.

En su declaración indagatoria la imputada expresó que el recluso la tenía amenazada: “Me dijo que me iba a matar a mi familia, quemar mi casa, violar a mis hijas, yo me comunicaba vía chat con él, las amenazas están en el teléfono, yo los borraba por indicaciones de él, pero algunas cosas dejaba. Esto lo hablé con mis hijas”.

Cuando el personal policial detuvo a la mujer durante la operación de tráfico, secuestró su teléfono celular. Allí aparecieron chats que la acusada no había llegado a borrar, que el fiscal Schapiro evaluó entre las pruebas que, para la fiscalía, permiten entender la posición en la que se encontraba la imputada al momento de los hechos. Los mensajes, reproducidos textualmente en el dictamen o transcriptos en el caso de los audios, se destacan por la virulencia, expresada en todo tipo de insultos, y en amenazas, como “te voy a matar”. La defensa aportó al proceso capturas de pantalla de mensajes similares enviados por el recluso a las hijas de la imputada.

Si bien no se pudo verificar que la conducta realizada por la mujer fuera motivada en las amenazas, los elementos reunidos permitieron verificar el contexto de violencia de género ejercida por quien entonces era su pareja y es coimputado en la causa.

En base a ello, el fiscal evaluó los compromisos internacionales que el Estado argentino asumió al suscribir la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Destacó asimismo la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y el deber de debida diligencia reforzada en la materia establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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