La exposición de la fiscalía se lleva a cabo en el debate de la denominada causa “Hogar de Belén”, institución de Lomas de Zamora que fue epicentro de los maltratos, abusos sexuales y la ocultación a su familia biológica que sufrieron los hermanos de entonces 2, 4 y 5 años de edad. La fiscalía sostuvo que en ese lugar “se aplicó la lógica concentracionaria” contra la niña y los niños, aunque hoy no llegó a abordar en su exposición los hechos ocurridos en ese establecimiento.
A esta instancia del juicio -que comenzó en marzo del año pasado– llegaron acusados el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el excomisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk; los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López; Rubén Carlos Chavez; y la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer.
El exministro y los expolicías llegaron acusados por los crímenes perpetrados en los procedimientos del 15 y 16 de marzo de 1977 en fincas de Almirante Brown y Banfield, donde fueron asesinados Vicenta Orrego, María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga, en el primero, y Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, en el segundo. La exfuncionaria judicial está acusada por haber intervenido desde el tribunal en la sustracción, retención y ocultamiento de los hermanos y en la supresión y alteración de la identidad mientras la niña y los niños estuvieron bajo guarda del “Hogar de Belén” -entre el 21 de marzo de 1977 y el 26 de diciembre de 1983- por disposición judicial pese al reclamo de su padre y de su tía.
“Minutos después de rodear la casa, [los atacantes] ejecutaron una violenta balacera que tuvo como consecuencia el asesinato de las tres personas adultas que se encontraban allí, quienes no tuvieron ninguna chance de salvar su vida”.
La fiscalía adelantó que en el petitorio requerirá una “declaración de verdad” en relación con los crímenes perpetrados en el “Hogar”, dado que durante la tramitación de este largo proceso judicial fallecieron o fueron apartadas por incapacidad sobreviniente personas consideradas autoras directas de los abusos sexuales y de otros delitos. La jueza de menores de Lomas de Zamora Marta Delia Pons falleció antes de iniciado el proceso.
“Sincronicidad represiva”
El y la representante del MPF sostuvieron que los hechos de la causa “se relacionan a un esquema de sincronicidad represiva”, que tuvo por un lado “la persecución de personas por razones políticas e ideológicas, su asesinato y la desaparición de sus cuerpos” en el marco de la “lógica binaria imperante” que los concebía como “blancos que había que destruir o aniquilar”, y, por otro, que “esos mismos hechos criminales se integraron a otros de los objetivos del plan, en cuanto a la extensión y/o direccionamiento hacia los hijos e hijas de las personas desaparecidas, con acciones que tenían la finalidad de modificar la propia descendencia y/o filiación de las víctimas”.
Añadieron que la sincronicidad represiva -que describieron con el gráfico presentado a continuación- incluyó los hechos padecidos por Julio Ramírez -el padre de la niña y los niños, secuestrado en 1974 y detenido al momento de los hechos de esta causa en la Unidad 9 de La Plata- y de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew en 1972, cuyo padre fue asesinado en el procedimiento del 16 de marzo juzgado en esta causa.
