El Concejo Deliberante aguarda un informe clave de la Provincia para avanzar con la adjudicación. De confirmarse sanciones graves, algunas empresas actuales podrían quedar fuera del reparto de los ramales locales.
La renovación del sistema de transporte público en La Plata se encuentra en un punto de parálisis legislativa. Según trascendió en las últimas horas, la nueva adjudicación en el Concejo Deliberante está actualmente “trabada”, a la espera de definiciones administrativas que podrían cambiar el mapa de los concesionarios en la ciudad.
El informe que define el futuro
El nudo del conflicto radica en un informe técnico solicitado a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. El Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Julio Alak, busca determinar si las empresas que operan actualmente el servicio son pasibles de multas debido a la baja de frecuencias registrada durante los últimos meses.
Aunque las irregularidades en el servicio habrían comenzado hace al menos un mes, hasta el momento no se han aplicado sanciones efectivas. Sin embargo, la resolución de este expediente es crítica: si se ratifican multas por incumplimientos graves, estas empresas verían seriamente comprometida su posibilidad de recibir nuevos ramales.
Los ramales en juego y el futuro de Unión Platense
La incertidumbre afecta directamente a las líneas que componen el Sistema Urbano de Transporte (SUT), incluyendo los ramales Norte, Sur, Este, Oeste, 506 y 520.
Fuentes cercanas al proceso sugieren que la estrategia oficial no consistiría en llamar a una licitación totalmente nueva desde cero. En cambio, el plan sería:
Excluir a las empresas que no hayan cumplido con los estándares de frecuencia.
Redistribuir sus recorridos entre las prestatarias restantes que sí mantengan su situación regular.
En este escenario, cobra fuerza el rumor de una fuerte tensión con la empresa Unión Platense. Según versiones de pasillo, existiría una intención política —que contaría con el visto bueno del gremio— de desplazar a dicha firma del esquema de transporte platense, utilizando los informes de incumplimiento como base legal para su salida.
