La Federación Universitaria de La Plata se declaró en alerta tras conocerse una resolución firmada por decanos que prohíbe la actividad de los trabajadores informales y restringe el uso de estacionamientos para estudiantes.
Un fuerte malestar recorre la comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). A través de un duro comunicado en sus redes sociales, la Federación Universitaria de La Plata (FULP) manifestó su “profundo rechazo y preocupación” ante una serie de nuevas normativas restrictivas implementadas en la sede Bosque Este, un complejo que nuclea a las facultades de Ciencias Médicas, Periodismo y Comunicación Social, Ciencias Naturales y Museo, Agronomía, y Ciencias Veterinarias.
El conflicto se desató tras conocerse un acuerdo surgido de una “reunión de consorcio” firmada por los decanos de las mencionadas unidades académicas el pasado 18 de junio, con fecha de entrada en vigencia para el 1 de julio. Desde el gremio estudiantil denunciaron que la decisión fue tomada de manera unilateral y “a espaldas de la comunidad educativa”, saltándose los canales institucionales de cogobierno como el Consejo Superior y los Consejos Directivos correspondientes.
Los espacios de estacionamiento de la sede pasarán a ser de uso exclusivo para el personal docente y nodocente, excluyendo por completo a los estudiantes.
Desde la FULP catalogaron el desalojo de los vendedores como una muestra de “insensibilidad inaceptable”, argumentando el rol social que cumplen en el día a día universitario. “Nos salvan el almuerzo y la merienda, que muchas veces es la comida accesible que nos permite sostener la cursada”, explicaron los representantes estudiantiles en el comunicado, enmarcando la situación dentro del complejo contexto económico nacional, signado por la pérdida de empleos formales y el crecimiento del trabajo informal.
Como cierre de la declaración de repudio, la conducción de la FULP exigió a las autoridades de la UNLP dar marcha atrás de manera inmediata con la resolución. Asimismo, solicitaron formalmente la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre las autoridades de las facultades y los vendedores ambulantes afectados, con el objetivo de habilitar instancias de diálogo institucional que garanticen condiciones dignas de trabajo reguladas para los feriantes.
