La propuesta del diputado Ricardo Lissalde plantea la validez plena de revisiones técnicas realizadas en cualquier taller del país, buscando frenar la ‘caja única’ zonal, bajar los costos y eliminar las trabas burocráticas a los conductores locales.
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires promete sacudir el esquema de control vehicular bonaerense. Impulsado por el diputado Ricardo Lissalde, el texto busca la desregulación total del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), abriendo la puerta a que cualquier taller habilitado del país pueda expedir obleas válidas
para circular por territorio bonaerense.
En sus fundamentos, la iniciativa realiza un durísimo diagnóstico sobre el funcionamiento actual de la VTV en la provincia. El esquema vigente fue estructurado en los años ’90 a partir de la Ley Provincial N° 11.430 y el Decreto 4103/1995, dividiendo la provincia en 11 zonas comerciales exclusivas entregadas en concesión a consorcios privados.
Según el proyecto, este esquema garantizaba un ‘monopolio territorial y sobre los dominios de los vehículos’: cada automovilista estaba obligado a realizar el trámite en la planta correspondiente a su zona de radicación, alimentando una estructura que se prorrogó por décadas mediante decretos y contrataciones sin competencia real.
El proyecto pone al descubierto una fuerte incongruencia del sistema actual: mientras que los automovilistas bonaerenses están atados a su planta zonal, cualquier vehículo radicado en otra provincia o en la CABA puede circular libremente por las rutas bonaerenses con la verificación de su lugar de origen.
Incluso, destaca que los vehículos de transporte de cargas y pasajeros de la provincia ya tienen permitido verificar en talleres nacionales (R.T.O.) de todo el país, reservando el monopolio exclusivo y restrictivo únicamente para los autos particulares de la provincia.
La reforma propuesta habilitaría tanto a la Nación (a través de la R.T.O.) como a los Municipios y Provincias a autorizar centros de control técnicos. Esto busca multiplicar exponencialmente la oferta, descentralizar las revisiones, reducir drásticamente las distancias que deben recorrer los vecinos y fomentar la baja de tarifas mediante la libre competencia entre prestadores privados, estatales y municipales.
