En el centro del conflicto está la disputa por el control de la Cooperativa Eléctrica de San Miguel del Monte. Noticias Argentinas accedió al documento que presentó la querella en el Juzgado Correccional 2 de La Plata.
La presentación judicial a que dio vista Noticias Argentinas fue realizada con el patrocinio de los abogados Lautaro Slpizer, Gastón Mucci y Alejandro Naiouf, quedó radicada en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Eskenazi, bajo la causa N° 3136-26, y alcanza a 19 personas, además de incluir un reclamo de responsabilidad civil contra la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda.
Según la querella, el conflicto se originó luego de que López, en su carácter de síndico, comenzara a advertir y denunciar irregularidades administrativas y contables dentro de la institución. A partir de ese momento, sostiene que fue objeto de una persecución destinada a desplazarlo del cargo, desacreditar su imagen pública y apartarlo del control de la cooperativa.
La presentación judicial afirma que se promovieron dos denuncias penales en su contra —por amenazas y por acceso ilegal a datos personales— que luego fueron archivadas por la Justicia al no encontrarse elementos que acreditaran la existencia de delito.
Además, la acusación sostiene que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), mediante distintas resoluciones administrativas, concluyó que el desplazamiento de López y la ocupación de su cargo como síndico carecían de sustento legal, lo que permitió su restitución en las funciones de control de la cooperativa.
En ese contexto, López afirma que durante todo ese período sufrió una campaña de desprestigio que afectó gravemente su honor, su trayectoria profesional y su salud, señalando que fue expuesto públicamente en reuniones institucionales y publicaciones vinculadas a la cooperativa, donde —según denuncia— se lo acusó falsamente de haber cometido distintos delitos.
La demanda también sostiene que el perjuicio sufrido trascendió el plano personal y alcanzó su desempeño institucional, al impedirle ejercer normalmente las funciones de síndico mientras se desarrollaba la disputa por el control de la entidad.
Por esos hechos, López se constituyó como actor civil y reclama una indemnización de $600.000.000 por daño moral, daño psicológico, afectación a su honor, perjuicio profesional e institucional y demás daños que, según sostiene, derivaron de las acusaciones y de la difusión pública de las mismas.
La querella, de 57 páginas, incorpora abundante documentación respaldatoria, entre ella resoluciones del INAES, actuaciones administrativas, copias de las causas penales archivadas, cartas documento, informes médicos y psiquiátricos, publicaciones periodísticas, actas del Consejo de Administración y otra prueba documental.
En ese marco será la Justicia la que deberá analizar la presentación y determinar si corresponde avanzar con la investigación por los delitos de calumnias e injurias, así como con el millonario reclamo indemnizatorio formulado por el histórico dirigente de la Cooperativa Eléctrica de Monte.
