Un reciente estudio elaborado por el área de Género de la Fundación FundPlata encendió las alarmas sobre la gestión de la salud mental en niños, niñas y adolescentes (NNyA) en la capital bonaerense. El relevamiento expone la crisis de un sistema público saturado y revela cómo la carga económica de la atención privada recae desproporcionadamente sobre las familias monoparentales, compuestas mayoritariamente por mujeres.
El informe advierte que, ante la imposibilidad del sistema de salud público de absorber la demanda de atención psicológica infantil, los hogares deben recurrir al sector privado. Esto implica asumir honorarios sin tarifas fijas y expuestos a constantes incrementos.
Solo el 27% de los progenitores cumple con el financiamiento de los tratamientos de salud mental de sus hijos, mientras que 1 de cada 2 madres se ve obligada a endeudarse para cubrir el costo de las terapias particulares.
Otro dato mas alarmante aun es que más del 70% de las madres afronta valores elevados por la atención terapéutica que no están contemplados en las cuotas alimentarias fijadas.
Actualmente, aunque existe la referencia del Índice Crianza para medir los gastos básicos del cuidado, la atención de la salud mental suele considerarse un gasto extraordinario debido a su monto y continuidad.
Obtener el reintegro o la cobertura compartida de estos honorarios requiere de la voluntad del progenitor no conviviente o, en su defecto, de un trámite en la justicia de familia que Ormaechea catalogó como “sumamente engorroso”. Ante este escenario, desde FundPlata impulsan que las herramientas de medición oficiales incluyan de forma explícita los costos promedio de los tratamientos psicológicos para garantizar una equidad real en el sostenimiento de los menores.
