El letrado de la imputada presentó un descargo ante la Fiscalía N.º 15 y requirió medidas para verificar sus certificados de formación, la documentación utilizada y las prestaciones que brindó.
También pidió que, una vez completada la investigación, se evalúe el sobreseimiento total o parcial de su asistida quien días atrás habló públicamente junto a su defensor para contar su verdad. Además presentó documentación de los cursos que realizó.
La defensa de T.S.R, investigada en La Plata por presuntos delitos vinculados al ejercicio ilegal de la psicología, presentó un descargo ante la Fiscalía N.º 15 de La Plata y solicitó una serie de medidas de prueba para esclarecer los hechos que se le atribuyen.
Este medio pudo confirmar que la presentación fue ingresada el 9 de octubre de 2026 por el abogado Lautaro Splizer, quien pidió que se investiguen tanto los elementos reunidos por la acusación como las circunstancias que, según sostuvo, podrían respaldar una hipótesis alternativa.
Además, pidió que, una vez agotadas las medidas, se evalúe el sobreseimiento total o parcial de Roh.
En el escrito, el abogado sostuvo que es “necesario precisar las conductas concretas atribuidas a su clienta y analizar por separado los elementos que podrían configurar cada uno de los delitos investigados”.Uno de los puntos centrales del descargo es la formación que la acusada afirma haber recibido en psicología social y psicología social clínica.
La defensa mencionó certificados de la Universidad Popular Ensenaje (UPE), de la Primera Escuela de Psicología Social Clínica Argentina de La Plata y una credencial de la Asociación de Psicología Social Clínica Argentina (APSCA).Según la presentación, uno de los certificados de formación consigna una carga horaria de 1.650 horas y otro corresponde a una capacitación de 144 horas.
El abogado solicitó que las instituciones emisoras confirmen la autenticidad de esos documentos, su reconocimiento oficial y los alcances de las formaciones impartidas.
A su vez la defensa aclaró que no sostiene que esos certificados o la credencial asociativa equivalgan a un título universitario de licenciada en Psicología ni que otorguen automáticamente una matrícula habilitante para ejercer esa profesión.
A partir de allí planteó que se investigue qué información recibió la imputada sobre los alcances de sus estudios, las denominaciones que podía utilizar y las actividades que estaba autorizada a desarrollar.
Otro de los ejes del planteo apunta a la distinción entre las expresiones “psicóloga social” y “psicóloga social clínica” y la eventual atribución del título universitario de licenciada en Psicología.
La defensa reclamó que se identifique de manera precisa en qué documento, publicación o comunicación habría afirmado contar con ese título universitario y en qué circunstancias se habría producido esa conducta.
Respecto de la presunta práctica profesional sin habilitación, el letrado sostuvo que debe analizarse la naturaleza concreta de las intervenciones realizadas, sin equiparar automáticamente cualquier actividad de acompañamiento u orientación social con actos clínicos reservados a profesionales habilitados.
El informe escolar y el pago de $30.000La presentación también cuestiona la imputación relacionada con un informe fechado el 12 de junio de 2026, que habría sido confeccionado para una institución educativa y por el cual se atribuye a la mujer el cobro de $30.000.
De acuerdo con la descripción de los hechos incluida en el descargo, la Fiscalía investiga la supuesta confección de un instrumento privado falso y una posible defraudación vinculada con ese documento.
Frente a ello, la defensa solicitó acceder al original íntegro del informe, incluidos sus anexos, firma, sellos, membrete y referencias a una supuesta matrícula profesional.
El abogado planteó que debe determinarse qué elemento del documento sería materialmente falso y diferenciar una eventual irregularidad en su contenido o en las habilitaciones de quien lo suscribió de una falsificación material, que constituye una figura penal específica.
En relación con la presunta estafa, pidió esclarecer qué información habría recibido la persona que contrató los servicios, qué se le habría manifestado sobre los títulos y habilitaciones de Roh, cuáles fueron las prestaciones efectivamente realizadas y cuál sería el perjuicio económico concreto.
Fuentes judicial adelantaron que la mujer acusada, podría declarar en los próximos días y ampliar sus argumentos ante la fiscal Cecilia Corfield.
