A través de un proyecto de Decreto presentado en el Concejo Deliberante de La Plata, la oposición solicitó la citación formal del Secretario de Seguridad municipal, Dr. Diego Mario Abel Pepe, para que concurra al recinto.
La medida busca que el funcionario rinda cuentas públicas sobre la efectividad del Plan Estratégico de Seguridad, la ejecución del presupuesto asignado, el estado operativo de las cámaras de videovigilancia y del Centro de Monitoreo (COM), y la articulación con las fuerzas de la Provincia de Buenos Aires.
Los fundamentos del proyecto hacen hincapié en la escalada de violencia registrada en distintos barrios y localidades del partido. Entre el 3 y el 15 de octubre de 2026 se reportaron al menos diez episodios delictivos.
El edil Gaston Alvarez impulsor de la convocatoria afirmo “En la fundamentación se recalca que durante el año 2025 la Municipalidad de La Plata anunció un Plan Integral de Seguridad para 2026 con un presupuesto cercano a los $10.500 millones en equipamiento y tecnología.
Sin embargo, los ediles advierten sobre demoras en los plazos: recién en octubre de 2026 —casi once meses después de la licitación— se observaron las primeras bases para la colocación de nuevas cámaras.Si bien la provincia de Buenos Aires ostenta la competencia primaria en materia policial, los autores del proyecto remarcan que el municipio no puede eludir su responsabilidad en la prevención, el monitoreo territorial y la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos públicos asignados a la seguridad de los vecinos.”
En la fundamentación se recalca que durante el año 2025 la Municipalidad de La Plata anunció un Plan Integral de Seguridad para 2026 con un presupuesto cercano a los $10.500 millones en equipamiento y tecnología.
Sin embargo, los ediles advierten sobre demoras en los plazos: recién en octubre de 2026 —casi once meses después de la licitación— se observaron las primeras bases para la colocación de nuevas cámaras.
Si bien la provincia de Buenos Aires ostenta la competencia primaria en materia policial, los autores del proyecto remarcan que el municipio no puede eludir su responsabilidad en la prevención, el monitoreo territorial y la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos públicos asignados a la seguridad de los vecinos.
