En el marco del complejo contexto político y social que atraviesa Ecuador, organizaciones de la comunidad migrante radicadas en la Argentina manifestaron su profunda preocupación por la erosión de las garantías democráticas y el avance sobre el Estado de derecho en el país andino.
Ambar Munizaga, presidenta de la Juventudes Ecuatorianas Residentes en Argentina (JERA), advierte sobre persecución política, irregularidades en la detención de Luisa González e injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia a semanas de los comicios.
La estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata, estudiante de Derecho en Ecuador y presidenta de la organización JERA, alzó la voz para visibilizar la situación que se vive en su país de origen, con especial énfasis en el caso de la excandidata presidencial y referente opositora Luisa González actualmente privada de su libertad.
González se encuentra actualmente bajo investigación por un presunto delito de lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña electoral de 2023. No obstante, desde la defensa, sectores de la oposición y organismos de derechos humanos se han señalado serias irregularidades procesales.
”A ella le dictaron prisión preventiva, una medida cautelar de ultima ratio que debe ser un recurso excepcional y no una condena anticipada” sostuvo Munizaga. La dirigente enfatizó que la justicia no justificó por qué las medidas alternativas —como la presentación periódica ante un juez o la prohibición de salida del país— resultaban insuficientes.
Asimismo, se cuestionaron las condiciones iniciales del arresto: “Fue trasladada en primera instancia a un cuartel policial y militar en Guayaquil, una privación de libertad que vulnera el debido proceso y convierte la detención en ilegal. Debió haber permanecido en centros de detención garantizados por el Estado bajo orden judicial desde las primeras horas”, explicó.
“Esto demuestra una gravísima injerencia de la función ejecutiva en la administración de justicia. En cualquier país medianamente democrático esto sería un escándalo: un ministro de Estado haciendo un video para acusar a procesados antes que los órganos correspondientes”, aseveró la titular de JERA.
La estudiantes platense aclaró que el reclamo no busca blindar a figuras políticas de las investigaciones y agrego “En un Estado de derecho cualquier persona puede ser investigada, pero debe hacerse con independencia, respeto a la presunción de inocencia y garantías procesales efectivas. En Ecuador eso hoy no se está cumpliendo”.
Las denuncias se producen a pocas semanas de las elecciones seccionales, en las que el electorado ecuatoriano elegirá alcaldes, prefectos y autoridades locales. Según la representación juvenil en Argentina, la detención de González no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de restricciones a la participación electoral, inhabilitación de candidaturas y presiones hacia la prensa independiente —mencionando casos de periodistas como Gisella Bayona y Hernán Higuera—, además de atropellos contra sectores trabajadores como pescadores, médicos y docentes.
A este panorama se suma una profunda crisis hospitalaria, energética y de seguridad que afecta el cotidiano de la población.
Para la juventud ecuatoriana en el exterior, la distancia geográfica no implica desentendimiento de la realidad nacional. Ambar concluyó reafirmando el compromiso de la organización que preside para continuar denunciando estas situaciones en el ámbito internacional
”emigrar no significa desvincularnos. Seguimos teniendo a nuestras familias y raíces allá, y nos preocupa qué país vamos a encontrar cuando volvamos. La respuesta más fácil ante esto sería la indiferencia, pero mientras existan jóvenes que cuestionen y denuncien, vale la pena resistir.”
Por ultimo cuestionaron al Gobierno ecuatoriano por condicionar la opinión pública y anticipar la culpabilidad de Luisa González antes de una resolución judicial, con notas promovidas por medios internacionales.
