Una inspección de la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes reveló condiciones inhumanas de detención en la seccional platense. Una de las detenidas esta en condición de embarazada sin atención alguna.
Ocho mujeres conviven en un espacio para cuatro, con solo tres colchones, un baño sin puerta y graves vulneraciones a la salud y los derechos humanos.
Un cuadro de extrema vulnerabilidad, superpoblación y precariedad fue constatado el pasado 13 de noviembre en la Comisaría N° 12 de Villa Elisa cuando miembros de la Asociación Civil de Penalistas Litigantes Independientes (A.P.L.I.), en su carácter de organización inscripta en el Registro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, irrumpieron en la dependencia y expusieron una realidad alarmante que viola los estándares mínimos de detención fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Del informe oficial elaborado por los letrados Damián Barbosa, Sebastián Bouvet, José Francisco Sánchez Peralta y Cristian Andrés Terragni se desprende que la seccional, cuya capacidad legal está estipulada para alojar únicamente a cuatro personas, albergaba al momento de la visita a ocho .ujeres detenidas provenientes de distintas dependencias de La Plata.
Esto representa una sobrepoblación del 100%.
La situación material no es menos grave para las ocho detenidas hay habilitados solo dos calabozos y apenas tres colchones, por lo que la mayoría carece de un lugar propio para dormir.
El cuadro de insalubridad se completa con el sector sanitario: un único espacio de un metro cuadrado que agrupa ducha e inodoro, cuyo ingreso está cubierto únicamente por una cortina de media altura —una simple sábana—, vulnerando por completo la intimidad y la dignidad de las alojadas.
El informe pone el foco en la delicada situación de salud de varias internas. Al menos tres de las mujeres alojadas presentan padecimientos de salud mental. Entre ellas se destaca el caso de Evelyn Altamira, una mujer trans que figura erróneamente en los registros policiales bajo un nombre y DNI masculino quien ingresó a la dependencia sin su medicación psiquiátrica reglamentaria.
En la misma línea, otra de las detenidas, Morena González —quien manifestó llevar 25 días alojada pese a que los registros oficiales marcan otra fecha de ingreso—, reportó un atraso menstrual de un mes sin recibir la atención ginecológica urgente que requiere para descartar un embarazo. Las internas coincidieron en denunciar una total ausencia de abordaje médico continuo, limitándose a derivaciones esporádicas ante emergencias.
De las entrevistas individuales y grupales revelaron además un rosario de castigos y restricciones impuestas tras un altercado interno calificado por la fuerza como “motín”. Entre las medidas de represalia se destacan la restricción de visitas.
Las detenidas denunciaron además que jamás recibieron la visita de sus defensores desde su ingreso, dejándolas en un virtual estado de indefensión judicial.
Casos extremos como el de Evelyn Altamira, quien desconoce quién tiene a cargo su causa judicial, evidencian una falla sistémica en el acceso a la justicia.
El informe advierte con crudeza que dependencias policiales como la Comisaría 12° no solo carecen de aptitud operativa para albergar detenidos de manera prolongada, registrando casos de personas alojadas por semanas o incluso cumpliendo condenas efectivas, sino que operan en una flagrante violación al precedente histórico Verbitsky de la Corte Suprema.
Ante este panorama crítico, A.P.L.I. exige la urgente intervención de las autoridades competentes y judiciales para remediar el hacinamiento, garantizar la provisión de medicamentos y tratamientos de salud mental, y restituir las condiciones mínimas de dignidad y legalidad en el calabozo platense

