polémica por la instalación de una nueva estación de servicio en La Plata sumó un fuerte capítulo institucional. La Federación de Entidades de Combustibles presentó una denuncia formal ante la Defensoría Ciudadana del Municipio para exigir la paralización e investigación de una obra que, según sostienen, se ejecuta de manera clandestina y en abierta contradicción con la normativa urbana vigente.
La presentación fue firmada por el presidente de la entidad, Juan Carlos Basilico, y el secretario Gustavo Manuel Ortiz Cuba, quienes apuntaron contra la construcción que avanza en la intersección de las avenidas 19 y 520 de la capital bonaerense. De acuerdo al escrito elevado a la defensora ciudadana Lucia Bártioli, autoridades de la Federación realizaron inspecciones directas en el predio y constataron movimientos compatibles con la instalación de una estación de servicio, entre ellos el ingreso y emplazamiento de tanques subterráneos para almacenamiento de combustibles.
Según detallaron, las maniobras debieron repetirse debido a la presencia de agua en los pozos por la escasa profundidad de las napas freáticas, una situación que encendió alarmas por el posible impacto ambiental e hidráulico de la obra.
DENUNCIAN VIOLACIÓN A LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ESTACIONES
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a la presunta incompatibilidad del emprendimiento con la Ordenanza Nº 10.250 de La Plata, que prohíbe habilitar estaciones de servicio a menos de 500 metros entre sí. La Federación sostuvo que en la mano opuesta de la misma intersección ya funciona una boca de expendio de la marca Puma Energy, por lo que la nueva instalación quedaría muy por debajo de la distancia mínima exigida por la normativa municipal.
“Esta circunstancia no admite interpretación ni discrecionalidad alguna”, señalaron los dirigentes en la presentación, al advertir que cualquier habilitación otorgada en esas condiciones podría quedar alcanzada por “nulidad absoluta”.
ACUSAN UNA EJECUCIÓN CLANDESTINA
Otro de los puntos cuestionados por la entidad empresaria es la ausencia del cartel reglamentario de obra, obligatorio según la Ordenanza Nº 10.861 y donde debe figurar el número de expediente habilitante. Para la Federación, esa omisión constituye un “indicio grave” de que la construcción podría carecer de autorización formal o presentar irregularidades administrativas.
“La prosecución de la construcción no sólo resulta ilegítima, sino que compromete directamente la responsabilidad de quienes la ejecutan, la proyectan y, eventualmente, la toleran”, afirmaron.
En el escrito, la entidad también puso el foco en los riesgos asociados al almacenamiento y expendio de combustibles en un terreno con presencia de napas superficiales.
Los directivos alertaron que la actividad requiere controles estrictos por tratarse de una operación de alta sensibilidad ambiental y remarcaron que una eventual habilitación fuera de norma podría derivar en responsabilidades para el municipio ante posibles daños futuros. Además, solicitaron que se investigue la actuación de funcionarios y profesionales intervinientes en caso de comprobarse irregularidades administrativas o técnicas.
La Federación de Entidades de Combustibles reclamó formalmente que se investigue si la obra cumplió con todos los pasos administrativos previstos por la normativa municipal y si existieron actos oficiales dictados en contradicción con las ordenanzas vigentes.
También pidió que se determinen posibles responsabilidades funcionales y que, de corresponder, se impulsen actuaciones ante colegios y consejos profesionales vinculados al emprendimiento
