El debate legislativo se encendió este jueves al cumplirse un nuevo aniversario de la condena judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Lo que comenzó como una serie de intervenciones de la oposición para reivindicar el fallo y el “estado de derecho” terminó en un duro cruce de chicanas, acusaciones de persecución política y hasta controversias por el uso del espacio físico en el recinto.
El concejal opositor Nicolas Morzone abrió el fuego con un discurso sumamente crítico hacia el kirchnerismo, definiendo la ratificación de la condena como un hito de “sanidad en la justicia y en el estado de derecho de la Argentina”. El edil cruzó con dureza a los integrantes de Fuerza Patria y sugirió que “se olvidaron de leer la Constitución Nacional en la secundaria”, haciendo particular hincapié en que la expresidenta fue hallada culpable en todas las instancias previstas por el sistema jurídico local, incluyendo el rechazo de sus planteos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En sintonía, Guillermo Bardon presidente del bloque de la Libertad Avanza eeforzó la postura señalando que el proceso judicial cumplió de forma estricta con los tiempos de la ley. “Hablar de una ‘condena exprés’ es ignorar los detalles del caso; esta causa se inició en 2008 y el veredicto llegó a finales de 2022”, repasó, enumerando cronológicamente cada paso judicial hasta la ratificación unánime de la Corte Suprema de Justicia en 2025. Asimismo, minimizó el impacto electoral del dictamen: “Dicen que nos preocupa que no pueda ser candidata. No le tenemos miedo a Cristina candidata, el peronismo perdió cinco de las últimas seis elecciones nacionales”.
La respuesta del bloque oficialista no se hizo esperar. Los ediles alineados con Fuerza Patria salieron en defensa de la exmandataria, calificando el fallo judicial de “injusto e ilegítimo” y enmarcándolo dentro de una estrategia de persecución política contra la figura más votada de la historia democrática reciente del país.
Se denunció de forma explícita un sesgo en el accionar judicial, sugiriendo connivencia entre magistrados y la gestión de Mauricio Macri. “El fiscal Luciani, jueces como Giménez textualmente jugaban al fútbol en la quinta del expresidente”, denunciaron desde el bloque oficialista, argumentando que existe un “histórico revanchismo y aversión de los grandes poderes concentrados contra el peronismo”.
