El Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires (Regional La Plata) emitió un duro comunicado en repudio a los comentarios realizados el pasado 23 de julio en el programa El Diario de Mariana (DDM), emitido por América TV. Durante una entrevista al abogado Yamil Castro Bianchi, se calificó como una “cuestión de la burocracia” la exigencia judicial de presentar traducciones realizadas por profesionales matriculados y se sugirió recurrir a la inteligencia artificial (IA) generativa o a traducciones elaboradas por los mismos abogados patrocinantes.
Desde la entidad profesional expresaron un firme rechazo a estas declaraciones, advirtiendo que “transmiten información incorrecta sobre el régimen jurídico vigente, desvalorizan una profesión regulada por ley e inducen a la audiencia a incumplir los requisitos legales” en expedientes judiciales y tramitaciones administrativas.
El Colegio remarcó que la traducción pública no responde a un trámite caprichoso, sino a una garantía de seguridad jurídica y protección de los derechos de la ciudadanía.
Desde la entidad expresaron “Del mismo modo que un traductor público no puede asumir la representación ni el patrocinio jurídico de una parte, un abogado no puede sustituir al profesional legalmente habilitado para suscribir una traducción pública. El mero conocimiento de un idioma no confiere la competencia legal ni la habilitación requerida”, enfatizó el comunicado.”
En relación con el uso de Inteligencia Artificial para el procesamiento de documentos legales, la institución platense fue contundente: las herramientas digitales carecen de matrícula, título habilitante y responsabilidad jurídica frente a posibles errores, omisiones o falsedades que puedan viciar un proceso o vulnerar el derecho de defensa.
Por último, alertaron sobre un riesgo central al utilizar plataformas abiertas de IA generativa: el compromiso de la confidencialidad, la privacidad y la protección de datos personales o sensibles de las partes involucradas al subir documentación de carácter judicial o administrativo a servidores de terceros.
