A través de un petitorio presentado ante el Concejo Deliberante, la Cámara CEPAR y el Sindicato SIR argumentan que las plataformas digitales operan con las mismas funciones que las agencias habilitadas por la Ordenanza 9215 y exigen un marco normativo equitativo.
En un movimiento conjunto que busca redefinir las reglas del juego en el transporte de pasajeros local, la Cámara Empresaria Propietarios Agencias Remises (CEPAR) y el Sindicato Independiente de Remiseros (SIR – 60 N° 1865) presentaron una formal solicitud ante el Concejo Deliberante local para que se evalúe la “equivalencia funcional” entre el sistema tradicional de remises y las plataformas digitales de viajes.
El documento, firmado por el Secretario General del SIR, Francisco Javier Scaramutti, y representantes de CEPAR, fundamenta que la actividad del remis en el Partido de La Plata se encuentra plenamente regulada bajo la Ordenanza Municipal N.° 9215 y normas complementarias. Bajo esta legislación, las agencias habilitadas asumen exigentes cargas administrativas, fiscales, operativas y de infraestructura para garantizar la atención continua y la seguridad del servicio.
Desmitificando el monopolio tecnológico
Uno de los ejes centrales del reclamo radica en derribar la idea de que el uso de tecnología es exclusivo de las aplicaciones globales. Según explicaron las entidades, el sistema legal de remises habilitado en la ciudad ya tiene incorporadas herramientas tecnológicas avanzadas de gestión operativa en tiempo real.
Por este motivo, sostienen que el simple uso de una aplicación móvil no constituye por sí solo una característica exclusiva ni una “nueva modalidad” que justifique operar al margen de las obligaciones municipales vigentes.
Ante lo que consideran una competencia desigual, el sector empresarial y gremial exigió que, previo a cualquier modificación normativa o autorización de nuevas plataformas, los ediles platenses analicen los criterios jurídicos y regulatorios que justifiquen tratamientos diferenciados.
Concretamente, solicitaron la apertura de una instancia de exposición técnica con participación institucional del sector, para evaluar detalladamente la equivalencia funcional y determinar si corresponde aplicar las mismas exigencias o establecer mecanismos específicos de adecuación e incorporación regulatoria para las aplicaciones.
