La propuesta busca cortar el circuito económico del robo de cables e infraestructura mediante un sistema obligatorio de trazabilidad, al tiempo que crea un régimen simplificado para proteger e incluir socialmente a los recolectores de subsistencia.
La ley que avanzo en la comisión de seguridad e ira al recinto para ser votada, es impulsada por el senador platense Marcelo Leguizamon y tuvo el visto bueno de todos los miembros de la comisión quien expreso sobre el proyecto que “Disminuir la rentabilidad del mercado ilegal constituye una de las herramientas más eficaces para desalentar el robo de cables e infraestructura. El objetivo es proteger los servicios públicos y el patrimonio sin perjudicar a quienes encuentran en el reciclado una fuente legítima de trabajo.”
En un esfuerzo por atacar de raíz la creciente problemática del robo de cables, transformadores y componentes de infraestructura pública y privada, ingresó a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley integral que busca crear un Régimen Provincial de Trazabilidad, Registro, Control y Fiscalización del Cobre y Metales Recuperados.
La iniciativa sanciona una normativa marco destinada a transparentar la compra, venta, acopio, transporte y procesamiento de materiales como cobre, aluminio, bronce y acero en todo el territorio bonaerense. El principio rector del proyecto es golpear el corazón económico de la delincuencia: al volver sumamente difícil la inserción de metales robados en el circuito comercial formal, disminuye sustancialmente el incentivo delictivo.
Uno de los pilares de la ley es la creación del Registro Provincial de Comercializadores de Metales Recuperados (REPROCEM), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad (o la autoridad que determine el Poder Ejecutivo). La inscripción será de carácter estrictamente obligatorio para todo comercio, chatarrería, acopio, planta de reciclado, fundición o transportista que opere con metales recuperados.
Sin esta inscripción previa, ninguna persona o empresa podrá comercializar este tipo de materiales. Para registrarse, las empresas y acopiadores deberán acreditar identidad, habilitación municipal vigente, declarar sus instalaciones y máquinas, y justificar el origen lícito de su stock inicial. Además, el REPROCEM será público, digital, de acceso libre y con actualización en tiempo real.
En el marco de la trazabilidad, cada operación comercial deberá registrarse digitalmente indicando datos fehacientes de comprador y vendedor, cantidad y tipo de metal, precio, origen declarado y el número de guía de traslado correspondiente.
Los operadores Comerciales (Chatarrerías, fundiciones, plantas industrializadoras) deberán acreditar fehacientemente la procedencia mediante facturas, remitos, certificados de baja de empresas de servicios públicos o actas de retiro oficiales. Tienen prohibición estricta de adquirir material no acreditado y los pequeños Recuperadores Urbanos (Recicladores de base, cooperativas) podrán utilizar un régimen simplificado basado en declaraciones juradas de procedencia, inscripción en registros municipales/provinciales o certificaciones de cooperativas. Para este sector rige la presunción de buena fe y la formalización progresiva.
Para evitar fugas en los controles territoriales, todo transporte interurbano de metales recuperados requerirá una Guía de Traslado Provincial generada en el sistema digital del REPROCEM. El transportista estará obligado a exhibirla ante controles policiales, municipales o provinciales. De no poseer la guía habilitante, las autoridades procederán al decomiso preventivo inmediato de la carga.
A la par de las tareas de control y del severo régimen sancionatorio —que contempla multas de 100 a 20.000 módulos, clausuras e inhabilitaciones de hasta 5 años—, el texto parlamentario incorpora un paquete de incentivos. El Estado provincial implementará programas permanentes de capacitación, operativos móviles de inscripción, asesoramiento técnico gratuito y acceso preferente a líneas de financiamiento y herramientas para cooperativas y pequeños recicladores.
El proyecto invita formalmente a los municipios bonaerenses a adherir para coordinar fiscalizaciones conjuntas y compartir información. De ser sancionada, la ley entrará en vigencia a los 90 días de su publicación, otorgando a los establecimientos del sector un plazo transitorio de 180 días corridos para regularizar su situación e inscribirse en el REPROCEM.
