Un contundente informe elaborado por las cooperativas locales y avalado por el Consejo Social de la UNLP revela que el 78.8% del presupuesto de higiene urbana se absorbe en la recolección privada, mientras se corta el financiamiento al reciclado social y el relleno sanitario del CEAMSE opera agotado hace dos décadas.
La ciudad de La Plata atraviesa un punto de inflexión decisivo en la gestión de sus residuos sólidos urbanos (RSU). Un exhaustivo diagnóstico titulado “Informe sobre la situación del sistema de reciclado en el Gran La Plata 2026” —presentado por la Mesa de Trabajo sobre Gestión de Residuos del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en conjunto con las cooperativas Sol Plat, La Esperanza, San Ponciano y La Unión Hace la Fuerza— encendió todas las alarmas comunitarias y políticas.
El documento advierte sobre una combinación crítica de desfinanciamiento estatal, incumplimientos contractuales de la empresa concesionaria ESUR S.A. y el inminente colapso operativo y ambiental del predio de disposición final del CEAMSE en Ensenada.
El desbalance presupuestario: Un esquema insostenibleEl análisis de las cuentas públicas evidencia una anatomía presupuestaria fuertemente desproporcionada.
Para el año 2025, de un presupuesto municipal total de $475.654 millones, el área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) absorbe $109.000 millones (un 23,3% del total de las arcas platenses).
Especialistas del sector señalan que cada peso invertido en reciclaje genera un ahorro directo al reducir la cantidad de toneladas que ingresan al CEAMSE, reduciendo así la facturación millonaria por transporte y enterramiento.
A pesar de la falta de inversión estructural, el esfuerzo del sector cooperativo mantuvo activos los niveles de recuperación. Entre 2020 y 2025, la generación total de residuos osciló entre las 276.000 y 318.000 toneladas anuales.
Actualmente, el sistema de reciclado en la ciudad descansa sobre seis plantas sociales de reciclado gestionadas por cooperativas en predios propios, las cuales procesan el contenido de aproximadamente 24 camiones recolectores diarios aportados por la recolección diferenciada (bolsa verde). Este trabajo involucra de forma directa a 300 trabajadores y trabajadoras de plantas, acompañados por una red de cerca de 500 recuperadores urbanos independientes.Sin embargo, las cooperativas denunciaron que, en el marco de la crisis de las cuentas públicas municipales, se decidió interrumpir los convenios de trabajo.
Esta medida elimina los fondos para gastos operativos e interrumpe los 300 aportes salariales del sector. A esto se le suma un contexto macroeconómico desfavorable: la apertura de importaciones de insumos plásticos y la concentración industrial redujeron abruptamente los precios de venta del material reciclable comercializado.Incumplimientos contractuales y fallo logístico.
El informe de la UNLP y las cooperativas es tajante al analizar el cumplimiento del pliego por parte de la prestadora privada ESUR S.A.
Actualmente, el sistema de reciclado en la ciudad descansa sobre seis plantas sociales de reciclado gestionadas por cooperativas en predios propios, las cuales procesan el contenido de aproximadamente 24 camiones recolectores diarios aportados por la recolección diferenciada (bolsa verde).
Este trabajo involucra de forma directa a 300 trabajadores y trabajadoras de plantas, acompañados por una red de cerca de 500 recuperadores urbanos independientes.
Sin embargo, las cooperativas denunciaron que, en el marco de la crisis de las cuentas públicas municipales, se decidió interrumpir los convenios de trabajo.
Esta medida elimina los fondos para gastos operativos e interrumpe los 300 aportes salariales del sector. A esto se le suma un contexto macroeconómico desfavorable: la apertura de importaciones de insumos plásticos y la concentración industrial redujeron abruptamente los precios de venta del material reciclable.
El informe de la UNLP y las cooperativas es tajante al analizar el cumplimiento del pliego por parte de la prestadora privada ESUR S.A.
