El Sindicato Unión Conductores de Taxímetros presentó ante el Concejo Deliberante una propuesta para fijar un tope de $40.000 diarios al canon de alquiler, exigir contratos formalizados y otorgar cobertura a más de 2.500 choferes que hoy trabajan en la informalidad.
Con el objetivo de transparentear y poner un marco regulatorio a una práctica habitual pero no contemplada formalmente en la normativa actual, el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata presentó formalmente en el Concejo Deliberante el Expediente Nº 82349, que propone la creación del “Régimen de Alquiler Regulado de Taxis”.
La iniciativa dirigida a la Comisión de Transporte, busca modificar la Ordenanza Municipal Nº 4455/78 para incorporar la figura legal del “Contrato de Alquiler Regulado de Taxi”.
Según advierten desde el gremio conducido por Juan Carlos Berón, la falta de reglamentación de este esquema derivó en una modalidad de “explotación” en la que los choferes deben afrontar canones diarios desmedidos que llegan a los $75.000 más combustible, obligándolos a cumplir jornadas de hasta 24 horas consecutivas o incluso a dormir dentro de los vehículos.
El proyecto establece un marco de protección social y laboral para los choferes no titulares, fijando pautas estrictas para la relación contractual:
- Se propone que el alquiler diario no pueda superar los $40.000 más combustible, con un límite de cobro por adelantado de hasta 48 horas. Los ajustes en el monto solo podrán realizarse hasta dos veces al año, atados al incremento de la tarifa oficial de taxi.
- Todos los contratos deberán ser inscriptos de forma obligatoria en el término de 5 días hábiles dentro del Registro Municipal Único de Contratos de Alquiler de Taxis, fiscalizado por la Comisión de Transporte.
- La vigencia de los acuerdos tendrá un plazo mínimo de 3 meses y un máximo de 12 meses, renovables.
- El dueño de la licencia deberá garantizar el seguro de responsabilidad civil (hacia terceros transportados y no transportados), seguro de accidentes personales a su exclusivo cargo, el mantenimiento integral del vehículo y la entrega del recibo oficial de pago.
Desde la entidad gremial argumentan que la prohibición formal sin regulación vigente “ha fracasado y solo ha empujado a más de 2.500 choferes a la clandestinidad y al trabajo en negro”, una situación que se profundizó por la crisis económica y la competencia de las aplicaciones de transporte.
Con este proyecto, la entidad sindical busca “regularizar, transparentar y poner límites humanos y legales a una realidad que ya existe”, garantizando que el contrato de alquiler no sustituya ni vulnere la legislación laboral ni el Convenio Colectivo de Trabajo vigente.
