El Ejecutivo municipal considera que las condiciones económicas cambiaron y que adjudicar el servicio ahora podría poner en riesgo la continuidad del transporte público. También cuestionó la falta de competencia entre los oferentes.
El Departamento Ejecutivo de La Plata tomó una definición de fuerte impacto sobre el futuro del transporte público: no avanzar con la adjudicación de la licitación actualmente en trámite y promover un nuevo llamado, con un pliego actualizado a las nuevas condiciones económicas, regulatorias y operativas del sistema.
La postura quedó plasmada en una respuesta oficial elevada a la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, en la que el Municipio advierte que el escenario en el que fue elaborado el pliego original sufrió modificaciones sustanciales. Entre ellas aparecen los cambios en el esquema de compensaciones, la actualización tarifaria, el incremento de los costos operativos y las nuevas reglas provinciales para el financiamiento del transporte.
Es por eso que la presidenta de la comisión de Transporte y Tránsito, Florencia Barcia convoco de urgencia a una reunión de los ediles para el próximo martes y avanzar en dar de baja la adjudicación que estaba en suspenso.
El informe reconoce que durante abril se produjo una reducción de frecuencias cercana al 25% en el Partido de La Plata, en medio de tensiones vinculadas al financiamiento del sistema, atrasos en el pago del Atributo Social y una menor participación relativa de las compensaciones provinciales.
El impacto sobre los pasajeros también fue significativo. Entre el 6 y el 11 de abril se registró una caída promedio de aproximadamente 21.000 boletos o validaciones, mientras que el área técnica estimó que unas 10.000 personas pudieron verse afectadas por la reducción de frecuencias.
El documento municipal aclara, además, que las empresas no pueden reducir unilateralmente las frecuencias por problemas económicos. La Municipalidad asegura que fiscalizó la prestación, labró actuaciones y promovió sanciones ante los incumplimientos detectados.
El Ejecutivo sostiene que los aumentos tarifarios no responden a una única causa, sino a una combinación de factores: combustible, salarios, mantenimiento de las unidades, costos de explotación y modificaciones en las compensaciones.
El esquema tarifario provincial también fue modificado para incorporar la variación mensual del combustible Grado 2 de YPF, además de la evolución del IPC más un adicional del 2%.
Para el Municipio, esta situación obliga a revisar cómo se distribuirán los riesgos económicos en la futura concesión y si los operadores tendrán capacidad para sostener financieramente el servicio.
Uno de los puntos centrales de la licitación era la incorporación de nuevas líneas, recorridos, ampliaciones y mayores frecuencias. Sin embargo, el Ejecutivo ahora advierte que esas mejoras implican mayores kilómetros recorridos, más unidades, mayor dotación de personal y un incremento de los costos de explotación.
Por eso, las ampliaciones previstas para las zonas Norte, Sur, Este y Oeste deberán ser revisadas. Algunas requerirán coordinación con la Provincia y, en determinados casos, obras o adecuaciones de infraestructura.
Un caso particular es el Ramal 13 de la Zona Norte, cuya implementación quedará sujeta a la evaluación del Ministerio de Transporte bonaerense debido a la existencia de servicios provinciales en el sector.
Uno de los argumentos más fuertes del Municipio es que el pliego fue elaborado bajo un esquema de costos, tarifas y compensaciones diferente al que rige actualmente.
Desde entonces se implementaron nuevas normas provinciales sobre compensaciones tarifarias, metodologías de cálculo, distribución de fondos y actualización de tarifas. También se incorporaron criterios vinculados con la antigüedad de las unidades, eficiencia operativa y tecnologías como GNC y movilidad eléctrica.
Según el Ejecutivo, todos estos cambios impactan directamente en la ecuación económica de una eventual concesión de larga duración.
A la discusión económica se suma otro elemento clave: la participación limitada de oferentes.
El informe señala que varias zonas quedaron, en los hechos, sin una competencia efectiva suficiente entre propuestas calificadas. Aunque esto no implica por sí mismo que la licitación sea inválida, el Municipio considera que constituye un dato relevante antes de adjudicar un servicio público durante varios años.
La preocupación es que una adjudicación con pocos competidores pueda generar una elevada dependencia municipal respecto de un grupo reducido de operadores y dejar menos alternativas ante eventuales problemas económicos u operativos.
El objetivo será elaborar un pliego actualizado que contemple la nueva realidad del sistema, incluyendo la estructura de compensaciones, los costos reconocidos, la sostenibilidad económica, la accesibilidad, la tecnología, la eficiencia energética y mecanismos para evitar que futuras disputas económicas terminen afectando las frecuencias.
La decisión abre ahora una nueva etapa para el transporte platense: el proceso que buscaba definir durante años quiénes manejarán las líneas de colectivos de la ciudad podría reiniciarse, mientras el Municipio deberá garantizar la continuidad del servicio bajo el régimen transitorio vigente.
