La información fue fijada en la ordenanza fiscal 2027 que presento Alak ante el concejo deliberante este miercoles ultimo. La norma va de la mano del cobro significativo que ya se aplica desde hace más de 10 años, para baldios, barrios cerrados entre otros emprendimientos que abonan 125% más de la tasa de servicios municipales.
Este nuevo agregado que figura por primera vez en una ordenanza fiscal aborda un conflicto que viene de larga data en la ciudad, sobre la cantidad de inquilinos, por sobre la capacidad ociosa con la que cuenta la ciudad, en resumen, hay muchas propiedades “abandonadas” o dispuestas a la venta para la especulación inmobiliaria.
La nueva norma no aplicara para edificios que se encuentran en litigios judiciales, como por ejemplos las 10 construcción de ABEES que estan bajo investigación judicial por estafa a los compradores.
Con la reciente incorporación de un incremento del 125% en la tasa por servicios urbanos para inmuebles en desuso, concejales de la oposición y diversos bloqueslegislativos salieron al cruce de una medida que califican de “inconstitucional”, “contradictoria” y un verdadero golpe al bolsillo de los contribuyentes platenses.
La iniciativa oficialista busca relevar aquellos inmuebles privados con más de un año de abandono y obras paralizadas durante más de tres años, bajo el argumento de forzar su reactivación y bajar el costo de los alquileres en el casco urbano. Sin embargo, las objeciones no tardaron en llegar.
Sebastian Genatti expresó a LaPlataYa sobre la nueva normativa que podria aprobarse en el concejo deliberante en pocas semanas más que “el objetivo principal es garantizar un mejor control ciudadano, promover la inversión privada y ampliar la oferta de alquileres en un distrito donde el porcentaje de viviendas alquiladas supera ampliamente la media provincial, afectando especialmente a estudiantes y a la población mayor de 35 años.”
“No vamos a salir a imponer a todos, sino a relevar para que esos espacios tengan un uso habitacional o comercial que beneficie a toda la comunidad” concluyó el funcionario.
Mientras los inquilinos enfrentan serias dificultades de acceso y costos cada vez más elevados por la desregulación, los propietarios denuncian que estas herramientas impositivas terminan castigando a quienes optan por mantener una reserva de valor ante la incertidumbre económica, por temor a no poder recuperar sus inversiones en caso de conflictos locativos.
El cruce de posturas deja en evidencia que el censo de propiedades ociosas no es solo un asunto de recaudación, sino una pulseada de fondo sobre el modelo de desarrollo urbano, el derecho a la vivienda y los límites de la presión fiscal en uno de los distritos de mayor crecimiento de la provincia.
Desde la oposición Juan Pablo Allan y Nicolas Morzone coincidieron que es una tasa que será judicializada y agregaron “el municipio no puede decirle a un vecino que hacer o no con una propiedad, y menos cobrarle o intentar hacerlo porque tiene una casa que no alquila ni vende.”

