La Asociación de Penalistas Litigantes Independientes emitió un comunicado tras conocerse denuncias cruzadas por presunta adulteración de votos y la suspensión de magistrados en el fuero penal.
La Asociación de Penalistas Litigantes Independientes (APLI) manifestó su profunda preocupación por la situación que afecta a los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, catalogándola como un escenario de anomalía institucional inédito.
La controversia surge a raíz de denuncias cruzadas por la presunta adulteración material e ideológica del sentido del voto de un magistrado en una resolución judicial, así como la suspensión preventiva de otro de sus miembros en el marco de un proceso de enjuiciamiento de magistrados.
Actualmente, la totalidad de los miembros del órgano revisor se encuentra bajo investigaciones penales o disciplinarias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Desde el entidad expresaron que este estado de sospecha generalizada socava las bases del debido proceso legal y la garantía de un juez natural e imparcial, erosionando la seguridad jurídica y la credibilidad del Poder Judicial.
A través de su Comisión Directiva, la asociación instó a las autoridades competentes —entre las que se encuentran el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Jurado de Enjuiciamiento, y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires— a actuar con la máxima celeridad, rigor técnico y transparencia.
A pesar de remarcar que mantienen estricto apego al principio de presunción de inocencia y a la independencia judicial, advirtieron que la demora en resolver estas causas agrava aún más el daño institucional consumado.
