Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante busca poner fin a las excepciones particulares y permitir construir metros adicionales a quienes inviertan en mitigación hídrica, patrimonio, viviendas adaptadas e infraestructura urbana.
El Concejo Deliberante de La Plata analiza una iniciativa legislativa impulsada por el oficialismo local para crear el Régimen de Capacidad Constructiva Adicional (CCA).
El proyecto, redactado por el concejal Sergio Resa y que lleva el número de expediente 82379, busca modificar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad para establecer un mecanismo reglado, objetivo y transparente que permita autorizar mayor edificabilidad en parcelas aptas a cambio de la ejecución de obras de interés público.
El diagnóstico que fundamenta la propuesta radica en la marcada fragmentación del suelo en el casco urbano platense, donde el 82% de los terrenos tiene superficies inferiores a 400 m² y un 74% presenta frentes de menos de 10 metros. Esta configuración parcelaria histórica suele obstaculizar el aprovechamiento eficiente de la edificabilidad proyectada por la normativa, generando discontinuidades en la trama urbana y grietas edilicias.
A esto se suma que más de 13.000 parcelas (alrededor de 450 hectáreas) se ubican en zonas con riesgo de inundación medio o alto, exigiendo medidas prioritarias de gestión del agua.
El Concejo Deliberante de La Plata analiza una iniciativa legislativa impulsada por el oficialismo local para crear el Régimen de Capacidad Constructiva Adicional (CCA). El proyecto, redactado por el concejal Sergio Resa y que lleva el número de expediente 82379, busca modificar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad para establecer un mecanismo reglado, objetivo y transparente que permita autorizar mayor edificabilidad en parcelas aptas a cambio de la ejecución de obras de interés público.
El diagnóstico que fundamenta la propuesta radica en la marcada fragmentación del suelo en el casco urbano platense, donde el 82% de los terrenos tiene superficies inferiores a 400 m² y un 74% presenta frentes de menos de 10 metros. Esta configuración parcelaria histórica suele obstaculizar el aprovechamiento eficiente de la edificabilidad proyectada por la normativa, generando discontinuidades en la trama urbana y grietas edilicias.
A esto se suma que más de 13.000 parcelas (alrededor de 450 hectáreas) se ubican en zonas con riesgo de inundación medio o alto, exigiendo medidas prioritarias de gestión del agua.
Las acciones de interés público que generarán “créditos de edificación” abarcan cuatro ejes estratégicos:
- Resiliencia climática y riesgo hídrico: Se otorgarán 10 m² de CCA por cada m³ adicional de retención pluvial que se instale por encima del mínimo reglamentario (con un límite computable de hasta 600 m² de CCA). También se contempla la cesión voluntaria de terrenos en áreas críticas para reservorios o espacios verdes, así como la instalación de sistemas comunitarios de energía renovable y monitoreo ambiental.
- Protección del patrimonio: La realización de obras verificadas de conservación, restauración o rehabilitación en inmuebles patrimoniales otorgará metros edificables, calculando 0,5 m² de CCA por cada monto equivalente a 130 UVIs invertidas.
- Integración sociourbana y accesibilidad: Las empresas desarrolladoras obtendrán 180 m² de CCA por cada vivienda que transfieran terminada e independiente al Municipio para programas sociales de hábitat, y 60 m² de CCA por cada vivienda adaptada en forma integral para personas con movilidad reducida o usuarias de sillas de ruedas.
- Movilidad urbana: La incorporación de cocheras adicionales de uso público o compartido en edificios multifamiliares aportará 30 m² de CCA por cada plaza extra.
Las prestaciones que sean acreditadas y aprobadas por el Ejecutivo darán lugar a la emisión de un Certificado de Capacidad Constructiva Adicional. Estos certificados representarán metros cuadrados computables, serán nominativos, divisibles y transferibles entre particulares. Asimismo, tendrán un valor económico de referencia estipulado en 130 Unidades de Vivienda (UVIs) por metro cuadrado para transacciones y equivalencias.
Sin embargo, desde la comuna remarcaron que el régimen no alterará las alturas máximas permitidas ni las envolventes edificables fijadas para cada zona de la ciudad. La aplicación de los metros adicionales estará condicionada al estricto cumplimiento de los retiros obligatorios, la factibilidad de los servicios públicos, el índice de suelo absorbente y la capacidad hídrica de la zona receptora. Asimismo, la ordenanza prohíbe explícitamente aplicar este beneficio en obras con infracciones no regularizadas o en áreas vulnerables marcadas con restricción ambiental.
Para respaldar el proceso y garantizar su transparencia frente a la ciudadanía, la Municipalidad creará un Registro Público Digital de CCA, donde se inscribirán el origen, la tenencia, las transferencias y el consumo final o extinción de cada certificado

